En los últimos 14 años la Asamblea
Nacional (AN) ha aprobado cuatro leyes Habilitantes, todas al presidente Hugo
Chávez; el día 20 de noviembre, se aprobó la primera para el Presidente Nicolás
Maduro.
En esta ley se le otorga al
Presidente de la República competencias para que, en Consejo de Ministros,
dicte Decretos con Rango Valor y Fuerza de Ley, de acuerdo con las directrices,
propósitos y marco de las materias que considere de prioridad para el país, de
conformidad con el artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, la ley fue
aprobada para profundizar la lucha contra
la corrupción e impulsar una economía diversificada y productiva en el país. La
habilitante tiene en este caso, dos ámbitos de acción: el de la lucha contra la corrupción y el de la defensa de la economía.
Resulta innecesario recordar que desde que el Presidente asumió el poder,
sectores de la oposición han acompañado el incremento desmesurado de precios y
el acaparamiento, situación que ha generado escenarios como el que hemos vivido
en las últimas semanas. Colas de 5 horas para comprar y pagar víveres en
un supermercado y de hasta 20 horas para comprar artículos electrodomésticos, de
línea blanca y marrón. Simplemente movidos por el miedo a que nuestros recursos
se vuelvan sal y agua o a que no encontremos productos fundamentales como la
leche, azúcar, aceite y otros muchos que han desaparecido total o parcialmente
de los anaqueles. ¿Quién dictamina el
valor de los bienes y servicios? ¿El gobierno o el mercado?
El gobierno está
gobernando, y para eso se ha tenido que apoyar en los mecanismos institucionales de los que dispone,
poniendo coto a un periodo de inflación incontrolado y a un 23% de
desabastecimiento, según cifras oficiales.
Ahora tenemos a
los EE.UU. “preocupado” por la situación de amplios poderes que
detenta el Presidente a quien le han intentado sabotear su gestión por más de 7
meses. Sin embargo reconocen que este mecanismo esta legítimamente establecido
en nuestra Constitución, pero emiten juicios de valor porque según dice la vocera
de la cancillería de ese país es "importante
para las instituciones democráticas servir a sus roles designados y apropiados.
Y creemos que la separación de poderes (...) es elemento esencial de la
democracia". Por dios… ¿Cuándo en la vida a los EE.UU. le ha importado
invadir y atacar países soberanos por sus “presunciones”? Con que moral vienen
a emitir opinión sobre nuestras instituciones y mecanismos para gobernar, si
los suyos responden a intereses de corporaciones trasnacionales y de los perros
de la guerra.
Señora Psaki por favor MIND YOUR OWN BUSINESS.
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